
Venezuela ha intensificado su disputa de larga data con Guyana sobre una región rica en minerales al afirmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que el territorio fue “fraudulentamente” tomado durante la era colonial. La nación sudamericana sostiene que un acuerdo de límites del siglo XIX, que Guyana menciona para afirmar su soberanía, fue injusto e inválido, cuestionando la legitimidad del Acuerdo de Ginebra de 1966 que actualmente rige la disputa.
Durante una semana de audiencias en la CIJ, Venezuela argumentó que el asunto no debería ser juzgado por la corte más alta de la ONU, sino más bien resuelto bajo los términos del acuerdo de 1966, que estableció un marco para la negociación bilateral entre los dos países. La posición de Venezuela destaca el complejo legado de las fronteras coloniales en América del Sur y plantea preguntas más amplias sobre los derechos territoriales postcoloniales y la gobernanza de recursos.
La región en disputa, conocida como Essequibo, no solo es estratégicamente significativa debido a su tamaño, sino también por sus abundantes recursos naturales, incluidos minerales y potenciales reservas de petróleo lucrativas. Esto ha aumentado las apuestas para ambas naciones, con implicaciones para el crecimiento económico, la gestión ambiental y la estabilidad regional. Guyana, apoyada por socios internacionales, sostiene que la CIJ tiene jurisdicción y que la decisión de la corte traerá claridad legal a la disputa.
Este caso subraya los desafíos que enfrentan muchos países para resolver disputas territoriales históricas de una manera que se alinee con los principios del derecho internacional y el desarrollo sostenible. El resultado probablemente influirá en los enfoques para la resolución de conflictos sobre recursos naturales, impactando los esfuerzos para garantizar un acceso equitativo y la gestión ambiental, componentes clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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