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Representantes de comunidades indígenas de la Amazonía han pedido a las Naciones Unidas que refuercen las medidas internacionales contra la minería ilegal, la deforestación y el crimen organizado. Los líderes indígenas advierten que los delitos ambientales no solo amenazan los ecosistemas naturales, sino también la vida, los derechos y la seguridad de las comunidades locales.
Las comunidades indígenas de la cuenca del Amazonas están instando a la comunidad internacional a tomar medidas más contundentes contra la creciente presencia de redes del crimen organizado en las regiones forestales.
Representantes de pueblos indígenas de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador participan en la 13.ª Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, Austria, del 19 al 23 de octubre de 2026, para promover la creación de un nuevo marco internacional destinado a combatir los delitos ambientales.
Los representantes destacan que la minería ilegal de oro, la tala ilegal y el narcotráfico están acelerando la destrucción ambiental en la selva amazónica.
La minería ilegal amenaza los recursos hídricos
Las redes criminales que operan en la Amazonía utilizan mercurio en actividades ilegales de extracción de oro, contaminando los ríos y los sistemas de agua dulce.
Para las comunidades indígenas que dependen de los ríos para obtener agua potable y pescar, esta contaminación representa graves riesgos para la salud humana y la seguridad alimentaria.
Representantes del pueblo wampís, en Perú, señalan que han establecido puestos de vigilancia en sus territorios para combatir la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, las amenazas de grupos armados han generado importantes problemas de seguridad.
Crece la preocupación por la violencia contra los defensores ambientales
Según datos difundidos por la organización internacional de derechos humanos Global Witness, al menos 124 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2025, de los cuales 105 casos se registraron en países de América Latina.
Estas cifras ponen de manifiesto los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las comunidades indígenas que trabajan para proteger los recursos naturales y sus territorios ancestrales.
Los representantes de la región sostienen que las operaciones de seguridad por sí solas no son suficientes para combatir los delitos ambientales. Destacan la necesidad de actuar también contra las redes financieras que respaldan y se benefician de las actividades ilegales.
Los pueblos indígenas exigen participar en la toma de decisiones
Durante la conferencia de Viena, los delegados están considerando la posibilidad de iniciar negociaciones para establecer un nuevo protocolo internacional destinado a abordar los delitos ambientales.
Los líderes indígenas subrayan que las políticas orientadas a proteger los bosques no pueden lograr resultados duraderos sin la participación significativa de las comunidades que viven en estos ecosistemas y dependen de ellos.
La selva amazónica desempeña un papel fundamental en el sistema climático mundial debido a su extraordinaria biodiversidad y a su importante capacidad de almacenamiento de carbono.
Por lo tanto, prevenir la deforestación en la región es esencial no solo para proteger los ecosistemas locales y los medios de vida de los pueblos indígenas, sino también para combatir la crisis climática mundial.
El llamamiento de las comunidades indígenas amazónicas pone de relieve la importancia de la cooperación internacional, la justicia ambiental y la participación de los pueblos indígenas en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
